JURISDICCIÓN ORDINARIA Y JURISDICCIONES ESPECIALES

LUIS NEISER LAURA ORTIZ (*) 

SUMARIO:

1. JURISDICCIÓN ORDINARIA.  2.  JURISDICCIÓN EXTRAORDINARIA 3. JURISDICCIÓN ESPECIAL. 

 

Conforme al artículo 138 de la Constitución Política del Perú: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. …” (1). Entonces dicha descripción normativa nos permite establecer que la principal y mas importante función que cumple el Poder Judicial es la de ejercer la administración de justicia. Hablando entonces, de manera más técnica, tenemos que el Poder Judicial tiene función jurisdiccional y por tanto jurisdicción, que sería el término más preciso; por tanto tratándose de la jurisdicción se debe distinguir las categorías constitucionales similares, precisando cada una de ellas dentro de su propio marco conceptual. Así podemos hablar de Jurisdicción, función jurisdiccional y de derecho a la jurisdicción.

La jurisdicción se refiere a la organización judicial, con sus respectivos principios y atribuciones, como una parte del poder del Estado, como uno de los pilares en que se sostiene la división del poder dentro de un Estado Constitucional.

La Función Jurisdiccional, alude a la potestad o poder deber, que tienen los jueces de administrar justicia, resolviendo conflictos, declarando derechos, ordenando que cumplan sus decisiones. Eduardo Couture, es mas explícito cuando dice que “Función jurisdiccional, es la actividad pública realizada por órganos competentes nacionales o internacionales con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se aplica el orden jurídico establecido para dirimir conflictos y controversias, mediante decisiones susceptibles de adquirir autoridad de cosa Juzgada, eventualmente factibles de ejecución” (2).

Y, con respecto al tercer término, Derecho a la Jurisdicción, es el que le corresponde a toda persona, por el solo hecho de ostentar tal calidad, que es implicada en un proceso o juicio o para iniciar un proceso o juicio, para actuar dentro del juicio y ofrecer oportunamente sus medios de prueba, o en su caso recurrir las resoluciones que considere agraviantes, a obtener una resolución final, sea esta favorable o no favorable a sus intereses y por último que la resolución final sea posible de ejecución o cumplimiento. Significa también, tal como lo prescribe el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú:   que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley ni sometida a procedimiento distinto del previamente establecido, ni juzgado por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas para el efecto, cualquiera sea su denominación” (3).

Así entonces podemos hablar aludiendo a la jurisdicción como organización y conforme al ya referido artículo 138 de la Constitución, de tres tipos de jurisdicción: jurisdicción común, jurisdicción extraordinaria y jurisdicciones especiales.  

1. JURISDICCIÓN ORDINARIA  

Es la jurisdicción principal, conocida también como fuero común. Tiene sus propios principios y características, previstos por la Constitución y por su Ley Orgánica. Siendo ejercida con exclusividad por el Poder Judicial.

Los principios que más identifican a esta jurisdicción, son los de unidad y exclusividad y el de independencia. Los cuales están expresamente reconocidos en el artículo 139 de la Constitución en sus incisos  1 y 2.; Precisamente por mandato de la Constitución, no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente o separada del Poder Judicial con excepción de la militar y la arbitral. No están permitidos procesos judiciales por comisión o delegación.

2. JURISDICCIÓN EXTRAORDINARIA

A decir del propio texto del artículo 139 de la Constitución, esta debe entenderse como jurisdicción independiente excepcional. 

2.1 LA JURISDICCIÓN MILITAR

Tiene como finalidad administrar justicia en materia de delitos y faltas cometidos por los miembros de las instituciones de las fuerzas armadas y policiales en estricto cumplimiento de sus funciones.

Al respecto cabe precisar que más que extraordinaria o independiente excepcional, esta jurisdicción se torna especializada, por razón de la materia y de los actores implicados, por lo que, no puede entenderse como un privilegio; aunque es harto conocido en nuestra historia que en algunas épocas, esta excepcionalidad constitucional permitida, se convirtió justamente en eso, en un privilegio

2.2 LA JURISDICCIÓN ARBITRAL

Al igual que la anterior es excepcional y está concebida en nuestro ordenamiento constitucional, pero a la fecha y hablando en forma cuantitativa no tiene una aplicación práctica, ello tal vez a la cultura conflictiva que venimos arrastrando desde  tiempos de la colonia. Esta jurisdicción es a iniciativa de las partes en conflicto, las cuales recurren a los componedores que son los árbitros, quienes dirimen en las causas puestas en su conocimiento y sus laudos equivalen a sentencias, que deben ser acatados por quienes se someten a ellos.

Es evidente que en ambas jurisdicciones excepcionales mencionadas y luego de haber sido agotadas estás, llegado el caso, y bajo parámetros estrictos de no violación al  debido proceso se podrá recurrir a la jurisdicción ordinaria.

3. JURISDICCIONES ESPECIALES 

Al igual que en los casos mencionados anteriormente, más que una excepcionalidad, se debe hablar de una especialidad. La Constitución ha previsto tres tipos de jurisdicción especial, básicamente por razón de la materia; siendo estas: la jurisdicción constitucional, la jurisdicción electoral y la jurisdicción campesina. 

3.1 JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL.

Esta implica la existencia de conflictos y materias constitucionales controvertidas, especialización en razón de la materia constitucional, sean ocasionadas por normas o actos que vulneran o amenazan derechos de índole constitucional. Aquí no solamente se trata de cautelar la supremacía de la Constitución y realizar un adecuado control constitucional de tipo jurisdiccional, sino porque está a cargo de una institución distinta e independiente del Poder Judicial, como es el Tribunal Constitucional.

Aquí cabe precisar las dos grandes corrientes o métodos de control constitucional: mediante el sistema control constitucional difuso y mediante el sistema de control constitucional concentrado. Como paradigma del sistema difuso se puede mencionar al sistema de control constitucional que se aplica en los Estados Unidos de Norte América, el cual pone la administración de la justicia constitucional en manos del mismo Poder Judicial y concede facultades a todos los jueces para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las leyes, pero únicamente en el nivel de casos concretos con efectos inter-partes.

Austria en Europa representa el paradigma, del sistema concentrado por el cual se encarga la labor jurisdiccional con el carácter de exclusivo a órganos jurisdiccionales constitucionales especiales, tales como son los tribunales constitucionales. Estos declaran la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas, con miras a su consiguiente derogatoria y con efectos erga omnes.

En el caso peruano, tenemos jurisdicción constitucional, desde la constitución de 1979, la cual estableció el nombre de Tribunal de Garantías Constitucionales, cuyo funcionamiento se inició en el año 1982, con su Ley Orgánica 23385; habiendo sido disuelto  el 5 de abril de 1992. En la actualidad se le denomina  Tribunal Constitucional tal como lo prescribe la propia constitución de 1993. Cabe mencionar que, a la fecha en que se produjo la disolución del referido Tribunal de Garantías Constitucionales se encargo dicha función a una de las Salas Constitucionales de la Corte Suprema.

Como es ya, del todo conocido, y en nuestra realidad de cultura ecléctica y sin ánimo de apoyar a una u otra forma de control constitucional (difuso o concentrado) se debe indicar que en el caso peruano coexisten ambas formas de control para algunos casos (por ejemplo habeas corpus y amparo, haciendo las de instancia de casación el Tribunal Constitucional). Además se debe mencionar que los jueces ordinarios también pueden aplicar el control constitucional difuso, debiendo en caso de hacerlo, elevar en consulta sus resoluciones, pero no al Tribunal Constitucional, si no más bien a la instancia superior correspondiente. En otros casos, prima el control constitucional  concentrado, como por ejemplo los procesos de inconstitucionalidad de las normas, en lo cuales el Tribunal Constitucional ejerce función exclusiva, igualmente sucede en los conflictos con competencia entre los órganos del estado.

La Constitución tal como precisa los alcances de la jurisdicción nacional, es decir interna, reconoce también la jurisdicción internacional.

Tal jurisdicción complementaria está referida a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte.

3.2 JURISDICCIÓN ELECTORAL.

En épocas anteriores se hablaba incluso de Poder Electoral, bajo el propósito de darle al organismo electoral cierta similitud con los otros tres clásicos poderes del Estado (respalda esta afirmación lo preceptuado por el artículo 88º de la Constitución de 1933, al señalar en forma expresa que el Poder Electoral es autónomo).

La Constitución de 1979 consideraba al Poder Electoral como órgano constitucional, encargado de los procesos electorales. La Constitución vigente, ubica al Jurado Electoral como integrante del sistema electoral, conjuntamente con dos organismos más, como son La Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil; en conclusión y dada su naturaleza se trata de un organismo constitucional, que tiene por finalidad organizar y ejecutar los procesos electorales o de referéndum u otras consultas populares asegurando que el resultado sea el fiel reflejo de las votaciones emitidas en las urnas. Entonces en la práctica el Jurado Electoral, no es un organismo jurisdiccional por excelencia, sino más bien un organismo ejecutivo. Sin embargo, dada la trascendencia de su función, la propia constitución le reconoce competencia para resolver los numerosos conflictos y reclamaciones que se deriven del proceso electoral,  por lo cual se entiende que cumple una labor jurisdiccional.

La función jurisdiccional del Jurado Electoral ha sido concedida por la Constitución de 1993. En el artículo 181º, se prescribe, sobre el particular lo siguiente:

“El pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materia de elecciones, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno”. (4). Sin embargo, cabe preciar en este punto que la referida institución se estaría convirtiendo en  Juez y parte.

3.3 JURISDICCIÓN CAMPESINA.

Recogido por la constitución de 1993 y contenida en el artículo 149 de la Constitución  que textualmente señala “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no viole los derechos fundamentales de la persona. La Ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial”. (5)

La eventual función jurisdiccional de las comunidades campesinas y nativas, es facultativa. Nótese en este punto, que se autoriza en primer orden la aplicación del derecho consuetudinario, obviamente de dichas comunidades campesinas o nativas, siempre que no violen los derechos fundamentales de las personas, es decir que se autoriza la no aplicación de las normas que regulan el ordenamiento jurídico nacional, normas que evidentemente no se aplicarán cuando el derecho consuetudinario de dichas comunidades campesinas o nativas se distinto a las normas internas que rigen para los demás ciudadanos, auque en algunos puntos pueden coincidir.

Las Rondas Campesinas no tienen ni pueden tener autoridad jurisdiccional dentro de una comunidad campesina o nativa determinada, ya que esta le correspondería únicamente a las autoridades de dicha comunidad; siendo que las rondas campesinas únicamente son el apoyo de las indicadas autoridades; auque como es harto conocido, esta función misma se ha distorsionado gracias a la ineptitud de muchas autoridades de no comprender las diferencia necesaria de tratamiento con respecto a las comunidades campesinas o nativas, las cuales si bien son parte formal del estado peruano en la practica, ellos se sienten simplemente parte de su comunidad y no propiamente como parte del estado peruano. Por todo ello, vale la pena prestarle la atención que el caso requiere.  

BIBLIOGRAFÍA

(1) Artículo 138 de la Constitución Política del Perú de 1993: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. …”

(2) Couture Eduardo. Vocabulario Jurídico – Ed. Depalma. Pág. 369.

(3) Artículo 139º inciso 3) de la Constitución Política del Perú:   “… Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”

(4) Artículo 181 de la Constitución Política del Perú: “El pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materia de elecciones, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno”.   

(5) Artículo 149 de la Constitución Política del Perú: “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no viole los derechos fundamentales de la persona. La Ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial”.

 

(*) Abogado egresado de la Universidad  Nacional de San Agustín de Arequipa – Auxiliar Jurisdiccional de la  Corte  Superior de Justicia de Arequipa  

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