LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PÚBLICOS EN EL CÓDIGO PENAL

LUIS NEISER LAURA ORTIZ (*)

 

SUMARIO:

I. INTRODUCCIÓN. II. CLASIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. III.  EL SERVIDOR PÚBLICO. IV. LA AUTORIDAD. V. TRABAJADOR PÚBLICO. VI. LOS ASESORES. VII. FUNCIONARIOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA. VIII. BIBLIOGRAFÍA.

 

I. INTRODUCCIÓN:

El funcionario público es uno de los actores de mayor importancia dentro de la estructura burocrática estatal de nuestro país y tiene responsabilidad, ello si se tiene en cuenta la característica especial de su labor, frente a los órganos de control del estado. Entonces el funcionario público es la persona que presta sus servicios al Estado, previo nombramiento (por ejemplo el Gerente Regional de Educación del Gobierno Regional de Arequipa) o elección popular (por ejemplo el Presidente del Gobierno Regional de Arequipa); a los funcionarios públicos la ley les otorga un poder de decisión con la finalidad de concretar los fines del interés social. Sin embargo, hasta aquí, aparentemente resulta muy claro el concepto de funcionario público; pero sin embargo nuestro derecho administrativo manifiesta notables dificultades para ofrecer un concepto válido y universal sobre lo que debe entenderse por funcionario público y podríamos atribuir estas dificultades, entre otras tantas, a la diferencia del significado vulgar del termino funcionario público con el concepto jurídico, la equiparación que hacen algunos autores del termino funcionario público con el de servidor público o empleado público, la imprecisión conceptual respecto de los autores que diferencian los conceptos de funcionario público o servidor público, a lo que se suma las diferentes definiciones del indicado concepto que hacen nuestras propias leyes; todo lo cual, determina que no exista un concepto universal, por lo menos, a nivel de jurisdicción interna, de funcionario público.

 

II. CLASIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.

Sólo a manera de referencia se precisa la clasificación doctrinal de los funcionarios públicos. Así tenemos:

Según la finalidad de su labor: funcionarios de Procuración y de Administración: siendo los primeros los que poseen facultades de “imperium” o mando sobre los demás.

Según su modalidad de contratación: funcionarios de carrera y de contratación, donde los primeros tiene una vinculación estatutaria con la Administración pública y gozan de los derechos y privilegios legales (titulación, permanencia, retribución a cargo del presupuesto estatal, ascensos, previsión social ), mientras que los segundos (generalmente eventuales o suplentes), en constante incremento, son contratados por tiempo determinado, no gozan (por lo general) de vacaciones, previsión social, etc.

Según su ámbito territorial:   funcionarios nacionales o locales, de gobierno central, regional, comunal.

Según el régimen jurídico administrativo de carrera al que pertenecen: pueden ser funcionarios de régimen general, y de regímenes especiales (por ejemplo, el personal militar y policial, los Magistrados judiciales y fiscales, los funcionarios de los organismos autónomos, los funcionarios municipales, entre otros).

Así también podemos mencionar otras clasificaciones: tales como los funcionarios políticos: (los electos por votación popular: Presidentes, Vice presidentes, Congresistas Alcaldes, etc.), de confianza política o técnica (cubren puestos de gran importancia y de decisión: Vice Ministros, Directores Generales, Secretarios de Estado, Secretarios generales, Administradores, etc.), funcionarios interinos (quienes cubren plazas temporalmente o hasta que desaparezca la causa que le dio origen), funcionarios accesitarios (quienes por disposición legal cubren puestos a la muerte o vacancia de los titulares). funcionarios de iure (legítimamente investido) funcionarios de facto  o de hecho (adolecen de deficiencias o irregularidades en el título que sustenta la calidad de funcionario público o simplemente este título ha fenecido) .

Estas clasificaciones, no ofrecen mayores problemas, ello si se tiene en cuenta lo prescrito por el artículo 425 del Código Penal, pues en su tipología maneja criterios amplios y abiertos de funcionario. Sin embargo la cuestión surge respecto de los conceptos desarrollados en el derecho administrativo.

III. EL SERVIDOR PÚBLICO.

En este punto cabe precisar, que en algunas legislaciones comparadas se diferencia entre los conceptos de funcionario público y empleado público y entre estos y el concepto de servidor público (como por ejemplo la legislación colombiana) y en otras legislaciones los referidos conceptos resultan de significado idéntico (como por ejemplo la legislación argentina) (1) Esta dificultad que encierran los diferentes significados aún no han sido superadas en el ámbito legislativo, lo que explica el desorden y la diferencia de terminología existente a nivel de sistemas jurídicos.

“Servidor público” tiene en nuestro ordenamiento legal identidad de significado con la frase “empleado público” (2). Atendiendo a la finalidad abstracta de la función (entendida esta como la concreción objetiva de los planes o lineamiento del estado) se tiene que, tanto el funcionario y el servidor público sirven al Estado para el cumplimiento de sus fines. Sin embargo, según la opinión mayoritaria, existen diferencias y están en el hecho de que el servidor no representa al Estado, trabaja para él pero no expresa su voluntad; el servidor se relaciona con la administración estatal mediante contratación; el empleado o servidor público es agente sin mando, que brinda al Estado sus datos técnicos o profesionales para tareas o misiones de integración y facilitación de la de los funcionarios públicos. En definitiva un empleado no ejerce función pública y se halla en situación de subordinación en relación a los funcionarios. Debiendo tenerse en cuenta que el término de empleado público es idéntico en significado al de servidor público.

IV. LA AUTORIDAD.

De las precisiones efectuadas líneas arriba se tiene que toda autoridad es un funcionario público, sólo que dotado de mando y jurisdicción, conceptos estos, que lo sitúan en una relación de supremacía en relación a otros funcionarios y a los subordinados.  No todo funcionario público se halla premunido de dichos poderes, menos aún el empleado o servidor público (por ejemplo, deben ser entendidos como funcionarios públicos con mandato y jurisdicción el Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Magistrados y Fiscales, los miembros del Tribunal Constitucional, los del Consejo Nacional de la Magistratura, los del Jurado Nacional de Elecciones, los Alcaldes y Regidores, los jefes y comandantes de las fuerzas militares y policiales, los Prefectos, Sub-Prefectos, Gobernadores y Tenientes Gobernadores, entre otros); obviamente se entiende que dicho mandato y jurisdicción deberá ser expresado en estricto ejercicio funcional (por ejemplo,  no podrá un Magistrado al salir de su casa ordenar al primer transeúnte que vea pasar que le vaya a comprar el pan a la tienda de la esquina).

En cuanto a lo que en el derecho administrativo se ha dado en llamar “agentes de la autoridad” (policías, guardias civiles, fuerza pública, auxiliares del funcionario) se debe tener en concepto que se trata de aquellas personas que ejecutando las órdenes de la autoridad civil o militar frente a la comunidad o la sociedad civil, han sido normativamente asimilados por el código a la calidad de funcionarios o servidores públicos. En tal sentido no serán agentes de autoridad mucho menos funcionarios públicos los policías municipales, los vigilantes particulares, serenos, chóferes de las autoridades, etc.

En este punto, también cabe precisar que de la revisión de los artículos 365, 370, 372, 372, 375, 378, 379, 391, 407 del Código Penal peruano se observa que se usa el término “autoridad” para aludir a un sujeto público, debiendo correlacionarse los referidos artículos con su ubicación dentro del texto penal, esto es, dentro de la parte correspondiente a los delitos contra la administración pública

V. TRABAJADOR PÚBLICO

Siguiendo la línea de Bacacorzo, el término de Trabajador Público resulta perfecto para comprender tanto a los servidores públicos, a los funcionarios y a los que desempeñan cargos de confianza. (3)

Sin embargo, debe observarse que conforme al art. 39 de la Constitución Política del Perú, la utilización del enunciado “todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación” tiene un carácter genérico para comprender a todos los que no son funcionarios, es decir, los servidores o empleados, obreros y operarios. Pero, simultáneamente, precisa el segundo párrafo del art. 40, que no están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta, lo que no guarda exacta relación con lo precisado en el artículo 39 referido.

De lo que se colige una vez más que incluso el constituyente no ha tomado en cuenta y no meditado efectuado un análisis acucioso de los significados de los términos funcionario, servidor y trabajador público.

Nuestro Código Penal, aunque con una finalidad simplemente práctica, ha desestimado el uso del término  “trabajador público”.

VI. LOS ASESORES

Las personas calificadas por su técnica, ciencia o arte y que contribuyen a formar decisiones con  sus informes, consejos especializados, diseños, proyectos, planes, etc., son los asesores, los mismos que en estricto no son funcionarios públicos, al no estarle facultado tomar decisiones u ordenar, ni poseer la normal capacidad de disposición del que goza todo funcionario en el manejo de los asuntos públicos.

Sin embargo, desde la perspectiva de nuestro Derecho penal, el asesor que tiene asignado mediante delegación de la autoridad el ejercicio de una determinada función pública, puede realizar la comisión u omisión de delitos de infracción de deber, a título de funcionarios públicos, conforme al concepto amplio y extensivo contenido en el artículo 425 del Código Penal.

VII. FUNCIONARIOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA:

La presencia del estado en la gestión económica del país directamente (empresas estatales) o a través de sociedades de economía mixta y en particular de los funcionarios y servidores que en su desempeño funcional afectan o afectaron diversos bienes tutelados de la administración pública ha generado diversas dificultades en la doctrina y jurisprudencia peruana.

El problema esta, algo de esto ya se menciono líneas antes, en sí los funcionarios o servidores de las empresas estatales o de aquellas empresas de economía mixta, tienen la calidad de funcionarios y/o servidores públicos, siendo imputables penalmente por los actos que deriven en delitos de función.

El problema surge con la vigencia de la Constitución Política de 1993, en cuyo artículo 40 (segundo párrafo) se consigna de que “no están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta“, lo que estaba en colisión con lo preceptuado en el texto original del inciso tres del artículo 425 del Código Penal (este inciso tres fue modificado posteriormente por el artículo 1 de la Ley  N°  26713 de 27 de diciembre de 1996); el referido inciso tres establecía: “Se consideran funcionarios o servidores públicos: 3. Los de empresas del Estado o sociedades de economía mixta y de organismos sostenidos por el Estado“; entonces a partir de la vigencia de la actual Constitución dicho texto quedaba abrogado. Así la lectura literal de la referida normatividad, tuvo consecuencia el declarar inaplicable el inciso tercero del artículo 425 del Código Penal (4). Sin embargo cabe precisar, en este punto que debería dejarse de lado la interpretación gramatical literal  y en su lugar realizar una interpretación sistemática y teleológica del texto constitucional referido, ello atendiendo a que el sentido de las normas siempre debe estar en relación con las demás normas confortantes del texto normativo y con las del ordenamiento jurídico en general. Así se observa entonces que los funcionarios o servidores de las empresas del estado o de las empresas con economía mixta al manejar y disponer de parte del patrimonio público, también pueden cometer. Al igual que un funcionario estatal, por ejemplo un cohecho,  un peculado, o un enriquecimiento ilícito; ello a demás si se tiene en cuenta, el concepto amplio recogido en el artículo 425 del Código Penal.

VIII. BIBLIOGRAFÍA.

(1) Edgardo Alberto DONNA, “El concepto dogmático del funcionario público en el Código penal peruano”, en Revista Peruana de Ciencias Penales, Año VII-VIII, N° 11, Lima, 2002, p. 268.

(2) BACACORZO, Gustavo, Tratado de Derecho Administrativo, Lima, Gaceta Jurídica, 1997, T. 1, p. 399

(3) BACACORZO, Gustavo, Tratado de Derecho Administrativo, Lima, Gaceta Jurídica, 1997, T. 1, p. 396.

(4) Ejecutoria Suprema, Exp Nro. 1888-1994 del 23 de septiembre de 1997; Lima  ROJAS VARGAS, Fidel, Jurisprudencia Penal T I, Gaceta  Jurídica 1999, p. 625.

 

(*) Abogado egresado de la Universidad  Nacional de San Agustín de Arequipa – Auxiliar Jurisdiccional de la  Corte  Superior de Justicia de Arequipa

3 comentarios to “LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PÚBLICOS EN EL CÓDIGO PENAL”

  1. mary Says:

    es muy bueno la informacion acerca de los funcionarios publicos que laboran en nustro paiz


  2. NECESITAMOS QUE EN EL PERU DEBE EXISTIR UNA NORMA QUE SANCIONE,LAS DECISIONES DE GESTION QUE NO DAN LA RENTABILIDAD A LO INVERTIDO Y/O PROYECTADO PARA UN DESARROLLO SOCIOECONOMICO EN LA ZONAS DE GESTION QUE SE EJECUTAN ESTA INVERSIONES EN VIA DE DESARROLLO. ASI COMO LAS REREMODELACIONES DE PARQUES Y JARDINES O MONUMENTOS O DE SERVICIOS Y EL EXCESO DE EMPLEADOS DE TENDENCIA PARTIDARIA Y CON EXCESOS DE REMUNERACION LO CUAL DEJA PENSAS MUCHAS COSAS.
    SE DEBE INVESTIGAS Y LA SUPREMACIA DE CARGOS DE JERARQUIA INECESARIAS UN UNA AREA DE 40 A 50 PERSONAS DONDE UN JEFE INMEDIATO TIENE OTRO JEFE MEDIATO Y DESPUES DE EL RECIEN ADMINITRADOR Y DESPUE DE ESTE EL GERENTE DE OPERACIONES DEPARTAMENTAL O REGIONAL O LOCAL SI ESTO SUCEDE EN NUERSTAS EMPRESAS PUBLICAS Y QUE NO SUCEDERA EN LAS OTRAS Y EN TODA LAS ENTIDADES DEL ESTADO; TODO ELLO CONTRIBUYE DE QUE EL PAIS ESTO COMO ESTE. “SOMOS O NOS HACEMOS LOCOS” POBRE COMPATRIOTA QUE NO TIENE TODOS SERVICOS BASICOS ASI COMO AGUA DESAGUE LUZ Y OTROS QUE EL ESTADO PUEDE BRINDAR ASI COMO INDICA LA CARTA MAGNA DEL 1993 Y OTROS RLACIONADOS AL DERECHO HUMANO,MIENTRA NUESTROS POLITOS MAQUINAN DE COMO SERVIOS A LOS INVERSIONESTAS NACIONALES Y EXTRAJEROS POLITICOS FELIPILLOS.
    ATT.
    TODOLOPUEDE

  3. José Rodríguez Says:

    El artículo es muy importante para ilustrar sobre los funcionarios de la administración pública en el Perú, pero sería interesante agregar sobre los deberes, derechos y obligaciones que les corresponde. Asimismo, debe precisarse sobre los Funcionarios o directivos de Carrera, ascendidos por Concurso de Ascenso Interno y que llegan al nivel de Directores de Sistema Administrativo II, F4.


Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 135 seguidores

%d personas les gusta esto: