TRATA DE PERSONAS

TRATA DE PERSONAS

 

ABOG. RICHARD JOSE SUCAPUCA FLORES

 

                                                              ENSAYO

Introducción. Juzgados Penales. Prohibición de trata de personas. Derecho al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y la obligación del Estado de investigar y sancionar los actos de trata de personas. La investigación preliminar de la Policía Nacional previa a la instauración de un proceso penal. Luego en las actuaciones del Ministerio Público y del Juez Penal. Actuación del Instituto de Medicina Legal con relación a la protección de las víctimas de presuntos actos de trata de personas

INSTRUDUCCIÓN:

Resulta inexplicable que después del comercio de drogas y armas , el tráfico de seres humanos es-por desgracia- la actividad ilícita mas rentable,  en una época globalizada cuando las naciones empresas e individuos están logrando conexión e iterdependencia cada vez mayor  a través de una creciente integración económica , intercambio de comunicación , difusión cultural(especialmente de la cultura occidental) y viajes .

Sin embargo se debe entender que la trata de personas es una esclavitud del siglo XXI del mundo globalizado contemporáneo, dando sus inicios desde la caída del muro de Berlín y del imperio Ruso que ocasionó que la fronteras se expandieran, permitiendo ilícitos que antes no podían ser visorados, utilizando para ello el traslado de ingentes cantidades de dinero  producto del delito vía internet, que difícilmente son captados, llevando consigo la aparición, entre otros ilícitos, de este fenómeno llamado la trata de personas y debido a la delincuencia organizada trasnacional son difíciles de capturarlos, y resultan ser impunes por lo que se requiere la especialización debida para evitar este daño moral que atentan contra los derechos humanos que perjudica a la persona tanto en su derecho a la libertad, dignidad, seguridad, integridad  física-mental y la salud de la persona humana en su aspecto tridimencional psicobiosocial.

 

Visto así las cosas nosotros nos encontramos inmersos ante esta problemática, como grupo social al ser operadores judiciales, por lo que se requiere tener un pleno conocimiento de la tipificación del delito de trata de personas para no omitir formular denuncia por supuestos delitos de trata de personas o mal calificar conductas como delito de otra naturaleza a pesar de la existencia de indicios que habrían justificado la promoción de la acción penal de trata de personas. Viendo desde este punto de vista no podemos negar que Los FACTORES DE RIESGO que contribuyen a la trata de personas son los siguiente:

Preponderancia económica (pobreza).

Discriminación de género

Industria del sexo: Oferta de servicios sexuales vía internet y por paquetes turísticos

 (turismo sexual)

Leyes migratoria

Conflictos armados

Conciencia

Corrupción

Religiosos-Culturales

Incremento de trabajo infantil

Asimismo debemos precisar que:

PRIMERO: Los órganos competentes para la sustanciación del delito de trata de personas son vistos por los Juzgados Penales, teniendo rango constitucional el ejercicio de la acción penal por estos órganos ya que  de conformidad con el artículos 131 del Constitución Política del Perú la potestad de Administrad justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la constitución y la ley, siendo que la Ley Orgánica del Poder Judicial  delimita su competencia.

 

También se tiene que la amenaza o vulneración de derechos- tales como la vida, integridad personal y el derecho a no ser sometido a tortura, tratos inhumanos o humillantes, los mismos que están contemplados en el artículo 2 incisos 1) y 24) literal h de la Constitución- deben tener en cuenta también por parte de cualquier autoridad o funcionario público .

 

            Aproximándonos a una definición de trata de personas nos vamos a referir que a nivel internacional la trata de personas, las Naciones Unidas acordó la aprobación de una serie de medidas con el fin de reprimirlas, las cuales están contenidas en varios instrumentos internacionales  tales como:

  1. Acuerdo internacional del 18 de Mayo de 1904 para la represión de trata de blancas
  2. Convención Internacional del 04 de Mayo de 1910 para la represión de trata de bancas
  3. Convenio Internacional del 30 de setiembre de 1921 para la represión de la trata de Mujeres y Niños, Convenio Internacional del 11 de Octubre de 1933 para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de dad.
  4. Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución ajena de 1949
  5. Protocolo para Prevenir , Reprimir  y Sancionar la Trata de Personas. Entró en vigencia el 25 de diciembre de 2003

 

La Convención de la Naciones Unidas contra el crímen organizado Trasnacional y sus Protocolos Complementarios entró en vigencia el 29 de setiembre del 2003 . Son 3 los protocolos complementarios más importantes :

 

v     Protocolo para Prevenir ,  Reprimir y Sancionar la Trata de Personas especialmente de Mujeres y Niños.

v     Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra , Mar y Aire

v     Protocolo contra la Fabricación y Trafico ilícito de Armas de Fuego sus piezas y Componentes y Municiones [1]

 

           

            Según el Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la trata de personas la trata de personas  es un fenómeno ligado a la historia de la humanidad asociada a expresiones de esclavitud y explotación sexual y laboral, que consiste en la captación de victimas de Trata , transporte y traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo incluso a la amenaza y la fuerza y otras formas de coacción: rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación.[2]

 

            La finalidad es preservar el derecho a la libertad, dignidad, seguridad, integridad  física-mental y la salud de la persona humana y que los estados partes luchen contra este fenómeno, adoptando su normatividad hacia esta definición.

 

           

            SEGUNDO: Prohibición de la trata de personas se encuentra estipulada, implícitamente, en el artículo 2 inciso 1) de la Constitución Política, que regula el derecho a la integridad personal; y de manera expresa en el artículo 2 numeral 24) literal h) de la misma Carta, que señala que “(…) nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes (…)”. Siendo que la esclavitud, la servidumbre y la trata de personas se encuentra estipulada explícitamente, en el artículo 2 inciso 24, literal b) de la Constitución Política, que regula que queda prohibido la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas.

 

            Por otra parte, la trata de personas se encuentra incorporada en la legislación penal en el articulo 182  del Código Penal,  modificado mediante la Ley Nº 28251 del ocho de junio del 2004, , dentro del Título de delitos contra la libertad sexual[3]. De acuerdo a nuestra legislación, la trata de personas es un delito común cuya tipificación busca proteger la integridad personal y la libertad sexual frente a un aspecto concreto de agresión física o psicológica que pudiera perpetrarse por parte de quien lo ejerce. Ello se  distingue del delito de lesiones, prescindiendo además de criterios cuantitativos para su configuración. Además, el tipo de injusto del delito de trata de personas contiene elementos subjetivos especiales vinculados a la finalidad de alcanzar alguno de los siguientes resultados: ejerza la prostitución, someterla a esclavitud sexual, pornografía u otras formas de explotación como trabajos forzados, sin embargo el tipo penal del artículo 182 del Código Penal modificado del ocho de junio del 2004 por ley Ley Nº 28251, solo se circunscribe dentro del delito de Violación Sexual, no mencionándose las otras formas de tratas de personas, como por ejemplo la explotación en el servicio domestico, en la mendicidad, en matrimonios serviles, en la pornografía, de niños y niñas vinculados a grupos armados al margen de la ley y otros; así mismo no hace mención a los elementos constitutivos del tipo penal como son otras formas de coacción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad.

 

            Sin embargo no debemos dejar de mencionar que este delito concurre con frecuencia con otras tipificaciones delictivas, tales como el delito de lesiones, con el que concurre idealmente, o libertad sexual, estafa, coacción extorsión y secuestro[4] con el que se produce un concurso aparente de normas penales. En el primer caso, la imputación al presunto responsable debe comprender tanto el delito de trata de personas como el de lesiones; mientras que el resto  de los casos, el delito de trata de personas absorbe la conducta típica del delito de estafa, coacción: rapto o secuestro, fraude,  determinándose que estos sean desplazados y no resulte aplicable, por tratarse el delito de trata de personas un delito su géneris de carácter residual.

 

            Que en cuanto a la gravedad de cada modalidad de trata de persona se debe tener un criterio de distinción en cuAnto a la gravedad o intensidad del daño infligido a la víctima, los mismos que deberán ser evaluados según las circunstancias del caso, la duración de la trata, sus consecuencias físicas o mentales y, en algunos casos, el sexo, la edad y el estado de salud de la víctima.

 

 

            TERCERO: Derecho al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y la obligación del Estado de investigar y sancionar los actos de trata de personas.

Los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva se encuentran previstos en los artículos 2 inciso 3 y 14 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos; artículos 8 y 25 inciso 1 de la Convención americana sobre derechos humanos; artículo 139 inciso 3) de la Constitución; artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Ello presupone el derecho de acceder a un proceso imparcial la misma que se realice dentro de un plazo razonable,  con el respeto de las debidas garantías judiciales, exigibles especialmente para la protección de los derechos fundamentales.

 

            En materia penal, los derechos de tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso, no sólo están concebidos para amparar a la persona acusada de la comisión de un delito, sino que también buscan proteger a la víctima de tal ilícito y a la sociedad en su conjunto, impidiendo la impunidad de dicho delito y garantizando que el culpable del mismo sea debidamente sancionados. Efectivamente, en virtud de la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, el Estado se encuentra en el “deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos, pues no es posible protegerlos, si no existe la posibilidad de obtener justicia cuando éstos son vulnerados.

 

            Por ello, frente a la denuncia de hechos que presuponen la comisión de delitos como trata de personas, en concurrencia ideal con los demás delitos la apertura de un proceso penal a cargo del Estado, en el que se reconozcan en toda amplitud los derechos y principios de la función jurisdiccional, resulta fundamental para prevenir la repetición de tales hechos, asegurar una investigación imparcial y eficaz, proteger los derechos a la vida e integridad personal vulnerados, y realizar los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso.

 

             La afectación de derechos fundamentales como la vida e integridad personal -y que configuran en el ámbito penal conductas típicas como la trata de personas – resultan de tal gravedad y dañosidad social, que deben investigarse y sancionarse de forma prevalente en el sistema de administración de justicia -Poder Judicial- en el que se encuentran reconocidos los principios de independencia y autonomía, así como los demás derechos de función jurisdiccional (artículos 139 y 146 de la Constitución de 1993).

 

           

            CUARTOLa investigación preliminar de la Policía Nacional previa a la instauración de un proceso penal. Luego en las actuaciones del Ministerio Público y del Juez Penal:

 

            En el ámbito del sistema de administración de justicia, la Policía Nacional interviene en la investigación preliminar tanto de delitos y faltas, orientándose su actuar por disposiciones constitucionales y legales, así como por los reglamentos, guías y directivas que precisan los objetivos y el procedimiento a seguir para el cumplimiento de sus funciones. Así, el artículo 166 de la Constitución define su labor estableciendo que la Policía Nacional previene, investiga y combate la delincuencia.

            Una de las funciones generales de la Policía Nacional es prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos y faltas previstos en el Código Penal y leyes especiales, perseguibles de oficio. Para ello cuenta con la atribución de obtener, custodiar, asegurar y procesar indicios, evidencias y elementos probatorios relacionados con la investigación policial,  así como intervenir, citar y detener a las personas conforme a la Constitución y la ley. Asimismo, el artículo 37 contempla la obligación de que esta institución cumpla sus funciones con imparcialidad, responsabilidad, diligencia, eficacia y prontitud, con los límites que la ética profesional impone.

 

            Siendo que de conformidad con la Constitución, el Ministerio Público es un órgano autónomo encargado de invocar, con exclusividad, la actividad jurisdiccional del Estado en materia penal para la defensa de la legalidad y los intereses públicos tutelados por el derecho, y de conducir la investigación preliminar del delito (artículos 158 y 159).

           

            Sin embargo al no tener cabal conocimiento sobre la magnitud del delito de trata de personas las actuaciones del Ministerio Público y del Juez Penal se podría advertir  casos  de omisión al formular denuncia por supuestos delitos de trata de personas o mal calificar las conductas como delito de tata de personas a pesar de la existencia de indicios que habrían justificado la promoción de la acción penal, provenientes de un atestado policial efectuada por la Policía Nacional, y que podrían denunciar por otro delito que no sea de trata de personas, sin tener en cuenta que dicha figura afecta bienes jurídicos distintos al vulnerado por estos, que evidencia en esos casos un incumplimiento de las funciones propias del cargo, pese a que el Poder Judicial, en virtud de su atribución de control de la legalidad del ejercicio de la acción penal, tenía la obligación de identificar los errores de tipificación en los que incurren el Ministerio Público en las denuncias formuladas y devolver el expediente al fiscal, una vez emitido el auto de apertura de instrucción, a efectos de que se amplíe la denuncia por delito de trata de personas.

 

 

            QUINTO: Actuación del Instituto de Medicina Legal con relación a la protección de las víctimas de presuntos actos de trata de personas. Con relación a la actuación del Instituto de Medicina Legal se debe recomendar dictámenes vinculados a la aplicación del Protocolo de Reconocimiento Médico Legal para casos de trata de personas, siendo que desde esa base se podrá tipificar el delito de trata de personas, también deben existir dependencias del Instituto de Medicina Legal en todas las provincias del país con los equipos multidisciplinarios suficientes que puedan cubrir los distintos tipos de evaluación que exige la aplicación del protocolo.

 

BIBLIOGRAFIA

Curso de Post Grado Trata de Personas En todas sus dimensiones, una información integral  para el Perú. Módulo I OPCION. PAG. 26-27. Las palabras que están en negrita es nuestro

 

SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA SPIJ D.L 701 Decreto Legislativo contra las practicas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia /07/09/91. Actualizado al 31 de marzo del 2009.

 

 


[1] Curso de Post Grado Trata de Personas En todas sus dimensiones, una información integral  para el Perú. Módulo I OPCION. PAG. 26-27. Las palabras que están en negrita es nuestro

 

[2] Curso de Post Grado Trata de Personas En todas sus dimensiones, una información integral  para el Perú. Módulo I OPCION. PAG. 23 . Según el Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la trata de personas Pág. 63. Las palabras que están en negrita es nuestro

 

[3] SPIJ Código Penal : Cabe señalar que según el Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28251, publicada el 08-06-2004, cuyo texto es el siguiente:

 

                Artículo 182.- Trata de personas

                El que promueve o facilita la captación para la salida o entrada del país o el traslado dentro del territorio de la República de una persona para que ejerza la prostitución, someterla a esclavitud sexual, pornografía u otras formas de explotación sexual, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.

 

                La pena será no menor de diez ni mayor de doce años, si media alguna de las circunstancias agravantes enumeradas en el artículo anterior.”

 

[4] SIJ CODIGO PENAL

Artículo 196.- Estafa

El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años.

Artículo 151.- Coacción

El que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohibe será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.

Artículo 200.- Extorsión

El que mediante violencia, amenaza o manteniendo en rehén a una persona, obliga a ésta o a otra a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años. Artículo 152.- Articulo 152 Secuestro

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años el que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad.

 

La pena será no menor de veinte ni mayor de veinticinco años cuando:

 

1. Se abusa, corrompe, trata con crueldad o pone en peligro la vida o salud del agraviado.

 

2. Se pretexta enfermedad mental inexistente en el agraviado.

 

3. El agraviado es funcionario, servidor público o representante diplomático.

 

4. El agraviado es secuestrado por sus actividades en el sector privado.

 

5. El agraviado es pariente, dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad con las personas referidas en los incisos 3 y 4 precedentes.

 

6. El agraviado es menor de edad o anciano.

 

7. Tiene por objeto obligar a un funcionario o servidor público a poner en libertad a un detenido o a una autoridad a conceder exigencias ilegales.

 

8. Se comete para obligar al agraviado a incorporarse a una agrupación criminal o a una tercera persona para que preste al agente del delito ayuda económica o su concurso bajo cualquier modalidad.

 

9. El que con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de secuestro, suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio, o suministre deliberadamente los medios para la perpetración del delito.

 

“10. Se comete para obtener tejidos somáticos de la víctima, sin grave daño físico o mental.” (2)

 

La pena será de cadena perpetua cuando el agraviado resulte con graves daños en el cuerpo o en la salud física o mental, o muere durante el secuestro, o a consecuencia de dicho acto.(*) (1)

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