EXPOSICIÓN SOBRE LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS POR LA LEY Nº 29364 AL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CARLOS ENRIQUE ROJAS PERALTA

Secretario Judicial CSJA

SUMARIO: I. MODIFICACIONES AL RÉGIMEN DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL. II. CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL. III. ADOPCIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS A DICTARSE RESPECTO A LA CARGA PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA A ASUMIRSE POR PARTE DE LOS JUZGADOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS. IV. BIBLIOGRAFÍA

 

I. MODIFICACIONES AL RÉGIMEN DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL

El día 28 de mayo del 2009 se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano la Ley Nº 29364, cuya Primera Disposición Modificatoria ha variado el régimen de la competencia funcional en el proceso contencioso administrativo regulada por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS en su artículo 11 en el sentido siguiente:

 

Artículo 11º.- Competencia funcional

Son competentes para conocer el proceso contencioso administrativo el Juez Especializado y la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, en primer y segundo grado, respectivamente.

En los lugares donde no exista juez o Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, es competente el Juez en lo Civil o el Juez Mixto en su caso, o la Sala Civil correspondiente.”

 

Para los profesores Beatriz QUINTERO y Eugenio PRIETO, la aplicación del criterio funcional de competencia, con la distinción entre el Juez A Quo y el Juez Ad Quem, acarrea una distribución de los litigios entre los Jueces, con miras a la determinación de quién debe hacer el primer examen del litigio, y quién el examen que sucede; para los juristas antes citados, el meollo del asunto, es distinguir la orientación con la cual tiene que seleccionarse al Juez Ad Quem: una razón de conveniencia, que no de necesidad esencial, mueve a deferir ese conocimiento así llamado de renovación, a un cargo de grado superior al de aquel que ha dictado la providencia impugnada[1].

 

Del tenor de la modificación expuesta, tenemos que se ha establecido una competencia uniforme en primera instancia a favor del Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo del distrito judicial correspondiente, y en grado de apelación a la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; asimismo, de no existir dicha judicatura especializada, se reconoce dicha competencia a favor del Juez Civil o Mixto en su caso, y a la Sala Civil correspondiente.

 

Se eliminan así los problemas originados con respecto a las impugnaciones relativas a las decisiones de los Tribunales y Consejos administrativos regidos por leyes especiales (Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, Tribunal Fiscal, Tribunal del INDECOPI, Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, Consejo de Minería, Tribunal Registral, Tribunal de Servicio Civil y los denominados Tribunales de Organismos Reguladores), con lo cual la demanda contencioso administrativa interpuesta en su contra ya no empezará en una Sala Superior, ni se conocerá en apelación por la Sala Civil de la Corte Suprema, sino ante el Juez Especializado y en grado de apelación por la Sala Especializada.

 

Asimismo, se ha omitido la expresa mención a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema como órgano jurisdiccional competente para conocer el recurso de casación en materia contencioso administrativa. Sin embargo, estimamos que dicha competencia aún permanece vigente a partir de una interpretación sistemática del Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, al no modificarse su potestad de establecer los precedentes vinculantes sobre la materia y por no establecerse de manera expresa competencia alguna a favor de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República.

La presente modificación entrará en vigencia a los 6 meses de publicada la Ley Nº 29364, atendiendo a lo expresamente prescrito por su Segunda Disposición Final.

 

II. CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

La Ley Nº 29364, ha modificado también el texto de los artículos 42 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada mediante Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, en lo concerniente a la competencia de las Salas Laborales  y de los Juzgados Especializados de Trabajo de la manera siguiente:

 

“Artículo 42º.- Competencia de las Salas Laborales. Las Salas Laborales conocen:

  1. 1.      En grado de apelación de lo resuelto por los Juzgados de Trabajo;
  2. 2.      del proceso de acción popular en materia laboral;
  3. 3.      de las contiendas de competencia promovidos entre Juzgados de Trabajo y autoridades administrativas, en los casos previstos por ley;
  4. 4.      de los conflictos de autoridad entre los Juzgados de Trabajo y autoridades administrativas en los casos previstos por ley;
  5. 5.      del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación;
  6. 6.      la homologación de conciliaciones privadas.”

 

“Artículo 51º.- Competencia de los Juzgados Especializados de Trabajo. Los Juzgados Especializados de Trabajo conocen de las pretensiones individuales o colectivas por conflictos jurídicos sobre: (…)

        l) Demanda contencioso administrativa en materia laboral y seguridad social (…)”

 

Para Beatriz QUINTERO y Eugenio PRIETO, el criterio del modo de ser del litigio (nombre con el que también se conoce a la competencia por la materia), no se apoya en una razón esencial o invariable, sino tan solo en una idea que mira de manera muy particular a la búsqueda de la especialización de jueces y magistrados[2].

Desde esta perspectiva, se ha conferido a los Juzgados Especializados de Trabajo y a las Salas Laborales la competencia en el conocimiento de las demandas contenciosas administrativas en materia laboral y seguridad social, esto es, las derivadas del personal al servicio de la Administración Pública (ver la STC Nº 0206-2005-PA – Caso Baylón) así como las que tengan contenido previsional, por ende, aquellas dirigidas en contra de la Oficina de Normalización Previsional.

 

Consideramos adecuada dicha medida, por cuanto supone la plena consagración de la garantía del debido proceso, debido a que las materias antes señaladas resultan ser afines y de un mejor conocimiento por parte de los Jueces de Trabajo, frente a la especialidad de los Jueces Civiles, lo cual redundará en una mejor calidad de las decisiones judiciales que se emitan al respecto, garantizando así una efectiva tutela jurisdiccional para el administrado e incluso para la propia administración. De esta manera, el proceso no aparecerá como un mero camino formal orientado hacia el logro de determinados objetivos de justicia, sino como un instrumento dotado de reglas suficientemente óptimas, de principios especialmente útiles, como para que el resultado obtenido pueda ser o pueda considerarse verdaderamente justo o inobjetable[3].

 

Esta modificación ha entrado en vigencia desde el día siguiente de la publicación de la Ley Nº 29364, al no haber establecido esta disposición alguna que difiera su vigencia, situación que deberá tenerse presente por los justiciables y sus abogados.

 

III. ADOPCIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS A DICTARSE RESPECTO A LA CARGA PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA A ASUMIRSE POR PARTE DE LOS JUZGADOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS

La Ley Nº 29364 mediante su Disposición Transitoria ha establecido lo siguiente:

ÚNICA.- El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispondrá las medidas necesarias para que los Juzgados Contenciosos Administrativos asuman la carga procesal de primera instancia, cuya competencia les asigna la presente Ley.

 

Si bien la regla procesal en materia de competencia, generalmente, es la “perpetuatio jurisdictionis” (o perpetuación de la jurisdicción), por la cual ésta se mantiene inmodificable, estableciéndose de acuerdo con la situación existente al momento de presentar la demanda, no pudiendo alterarse por circunstancias sobrevinientes, ésta puede tener excepciones, como aquella en la que el legislador prescribe expresamente la transferencia de dicha competencia a favor de otro órgano jurisdiccional respecto de los procesos en trámite por aplicación inmediata de la ley procesal.

 

 Sin embargo, al no haberse prescrito por el legislador expresamente que los Juzgados Contenciosos Administrativos asuman la carga procesal de primera instancia que actualmente ostentan las Salas Superiores Civiles respecto de las entidades administrativas, su conocimiento continuará a cargo de dichos órganos jurisdiccionales, por ende, en apelación ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República y en casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República; entendiéndose que las medidas necesarias a adoptarse por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se dirigirán a las nuevas demandas a interponerse una vez entre en vigencia la Primera Disposición Modificatoria de la Ley Nº 29364, ya analizada anteriormente.

 

IV. BIBLIOGRAFÍA

QUINTERO, Beatriz y PRIETO, Eugenio “TEORÍA GENERAL DEL PROCESO”, Tercera Edición, Editorial Temis, Bogotá, 2000.

SÁENZ DÁVALOS, Luis R. “Los procesos constitucionales como mecanismos de protección frente a resoluciones arbitrarias”, en “DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL”, Jurista Editores, Lima, 2003.

 


[1] QUINTERO, Beatriz y PRIETO, Eugenio “TEORÍA GENERAL DEL PROCESO”, Tercera Edición, Editorial Temis, Bogotá, 2000, p. 205

[2] Id. p. 201

[3] En este sentido:  SÁENZ DÁVALOS, Luis R. “Los procesos constitucionales como mecanismos de protección frente a resoluciones arbitrarias”, en “DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL”, Jurista Editores, Lima, 2003, p. 147

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