LOS MODELOS DE UNIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

LOS MODELOS DE UNIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

 

 

DORIS ARAMAYO ORTIZ

Especialista Legal del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar.

 

INTRODUCCIÓN

La corriente positivista no sólo engrandeció la función que debe cumplir el legislador y la ley, sino que además, redujo la función que deben cumplir los jueces y sus sentencias; quienes solo eran considerados meros aplicadores del texto de la ley.

Este positivismo trajo consigo “la jurisprudencia mecánica”[1], por la cual los juzgadores no aplicaban la justicia al caso concreto, ya que estaban condicionados únicamente a buscar la correcta aplicación de la norma, que se presumía, era justa por haber sido emitida por los legisladores; sin embargo, esta concepción tuvo entre sus más grandes detractores a “la realidad”, ya que en los litigios resultaba insostenible el tratar de subsumir, claramente, todos los casos en los supuestos de las normas, por cuanto estas últimas eran generales y abstractas.

Ante esta dificultad de la aplicación de las normas, la jurisprudencia adoptó dos posiciones: la primera buscaba la discrecionalidad de los jueces, por la cual, el juzgador se convertía en un sujeto político creador de Derecho; mientras que la segunda, buscaba el discernimiento, es decir, el juzgador debía partir de las normas, principios y valores que inspiran al Derecho y buscar una solución adecuada y sistemática a todo el ordenamiento jurídico[2].

Independientemente de cual de estas posiciones sea la que adoptemos, el problema es que nunca encontramos una sola respuesta en la aplicación del Derecho.

Esta diversidad de respuestas, ha generado inseguridad jurídica, ya que los litigantes acuden al Poder Judicial sin saber a ciencia cierta cuál será el sentido en que resuelvan su pretensión, por cuanto este dependerá del juzgador (subjetividad) que resuelva la causa.

Ante esta falta de seguridad, se ha visto en la fijación de precedentes vinculantes, el mecanismo por excelencia de uniformización de la jurisprudencia; sin embargo, como esta institución jurídica es propia del derecho del common law y por ende, ajena a la tradición romana – germánica, su inclusión, en muchos ordenamientos, no ha sido del todo clara y por el contrario, genera una serie de dudas y controversias que trataré de exponer a continuación.

 

EL MODELO ITALIANO: “AUSENCIA DE PRECEDENTES VINCULANTES”

El artículo 65 del Decreto del 30 de enero de 1941, establece que la Corte Suprema de Casación tiene como función la observancia exacta y uniforme de la interpretación de la ley y la unidad del derecho objetivo nacional[3]; sin otorgarle la facultad de poder emitir precedentes vinculantes, ya que este concepto es ajeno al ordenamiento jurídico italiano, por lo que, el sentido de la norma en mención era que las decisiones de la Corte de Casación, al ser esta la última y decisiva instancia, sean consideradas voluntariamente, por las instancias inferiores al momento de resolver el conflicto de intereses, de una manera parecida al precedente vinculante, pero sin serlo[4].

Sin embargo, la función que desempeñaban los Tribunales Supremos Italianos afectaba a la relativa autonomía de los tribunales inferiores, ya que si bien la doctrina del stare decisis, formalmente,  nunca se ha reconocido y por ende, las sentencias emitidas por el Tribunal de Casación no establecen precedentes vinculantes; estas sentencias, siempre han influido en la jurisprudencia de los tribunales inferiores, mucho más de lo que se prevé en los textos legales, debido a los mecanismos que regulaban la carrera judicial, por cuanto los jueces de rango superior, (miembros del Tribunal Supremo), tenían una importante función en la concesión de los ascensos por medio de evaluaciones discrecionales, que de facto ejercían fuertes presiones para lograr la conformidad judicial[5].

Por lo que se hacía necesaria una reforma urgente, ante esta situación, se estableció que para acceder a la magistratura italiana, los postulantes debían formar parte de un concurso público, el cual comprende varias pruebas sucesivas; por lo que los magistrados se distinguen entre ellos sólo por la diversidad de sus funciones y sólo pueden ser trasladados con su consentimiento. Se deroga por tanto, salvo los poderes de organización y control de los jefes de las oficinas de los juzgados, una estructura jerárquica de la magistratura[6].

En lo que respecta a la jurisdicción civil, esta es ejercida por la magistratura ordinaria, que practica funciones inquisitivas y judiciales. El Tribunal Supremo de Casación Constituye la más alta instancia de la jurisdicción civil. Se encarga de garantizar el cumplimiento y la interpretación uniforme de la ley (funzione nomofilachia). Es un órgano colegiado que está constituido en salas, cada una compuesta por un primer presidente, presidentes de salas y consejeros; juzga por lo general en salas ordinarias con la presencia de cinco miembros. En los casos de recursos relativos a cuestiones o conflictos de jurisdicción, además de conflictos de atribución, y en los casos de cuestiones particularmente relevantes o bien decididas de modo contrario en las salas separadas, el Tribunal juzga en sesión plenaria presidida por el primer presidente y compuesta por un número invariable de nueve miembros[7].

Pero el desmontaje de la estructura de la carrera ha erosionado de raíz el poder del Tribunal Supremo de Casación y ha reducido drásticamente su autoridad “didáctica”: el debilitamiento de la jerarquía ha ido acompañado de una menor capacidad del Tribunal para cumplir su tarea institucional y de una autonomía cada vez mayor de todas las unidades del sistema judicial. Como consecuencia, el proceso de adopción de decisiones judiciales es en la actualidad mucho menos coherente y estable que antes y ofrece potencialmente muchos puntos de referencia a los intereses que buscan un foro alternativo para lograr sus objetivos[8].

De lo dicho, podemos concluir que, actualmente, el modelo italiano considera que los jueces están ubicados en un nivel horizontal, no existiendo una escala jerárquica (salvo para cuestiones administrativas), por lo que no se podría establecer un precedente vinculante, ya que los magistrados de instancias “superiores” no pueden constreñir a que los magistrados de instancias “inferiores” adopten como propio el crietrio del Tribunal; sin embargo, ello trae como consecuencia la falta de seguridad jurídica, ya que los jueces “inferiores”, pueden adoptar decisiones contrarias a las de los jueces “superiores” y mantenerlas, aunque el Tribunal Supremo de Casación haya establecido un criterio diferente.

(agregar

 

EL MODELO ESPAÑOL: “LA OPOSICIÓN A LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL”

Antes de la entrada en vigor de la Ley Nº 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, la doctrina española se dividía en un sector minoritario que defendía el valor vinculante de la jurisprudencia, al centrarse en la regulación del recurso de casación, y otro, mayoritario, que le negaba tal carácter. En cuanto al sector minoritario, éste se basaba en que el artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC) de 1881 admitía el recurso de casación por “infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la Jurisprudencia”. Por lo tanto, podían anularse por el Tribunal Supremo (en adelante TS) las sentencias de los Tribunales inferiores, por el hecho de que infrinjan doctrina jurisprudencial, porque ésta vincula[9].

No obstante, la mayor parte de la doctrina negaba este valor vinculante absoluto hacia los Tribunales inferiores. Éstos se atendrán a la Jurisprudencia en la medida en que sabrán que si se desvían de ella es muy posible que sus fallos o resoluciones se anulen o modifiquen. Porque en cumplimiento de su misión, los Tribunales sólo están vinculados al imperio de la ley, como proclama el artículo 117 de la Constitución Política de España[10]. Es más, como el propio TS puede variar su línea jurisprudencial basándose en la legalidad, el Tribunal inferior puede ser la avanzadilla en determinado momento para ese cambio de línea. Así, la Jurisprudencia cumple una función de orientación y no de vinculación[11].

En la nueva regulación el artículo 477.1 de la LEC[12] parece categórico al establecer que el motivo único para que proceda el recurso de casación es la infracción de las normas; sin embargo el artículo 477.2[13], establece que también procede el recurso de Casación cuando la resolución del recurso presente interés casacional[14]; el cual es definido por el artículo 477.3[15] como la oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.

Asimismo, el nuevo “recurso en interés de ley”, contenido en el artículo 493 del LEC[16], establece que cuando ya se hallan dictado determinadas sentencias, pero que estas afecten a la ley, determinados órganos o entidades, puedan interponer este recurso, el cual, si bien es cierto que de declararse fundado, no afectará a las relaciones de las partes; sin embargo, esta sentencia formará parte de la doctrina jurisprudencial y vinculará a los jueces y Tribunales diferentes al Tribunal Supremo.

(Conectar y revisar este artículo que no tiene nada que ver) Como vemos, según el 469 de la LEC, las sentencias relativas a Jurisdicción y competencia objetiva y funcional, las normas procesales reguladoras de la sentencia, las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad, conforme a la ley o hubiere podido producir indefensión o cuando exista vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución[17], derivas del recurso en interés de ley tienen una fuerza vinculante para las situaciones futuras, pero no modifica las situaciones jurídicas creadas con anterioridad. Por eso, la legitimación solo corresponde al Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo y ciertas personas jurídicas de derecho público que muestren interés legítimo. Las partes que hubiesen participado en los procesos anteriores solo tienen derecho a ser emplazadas después, sin mucha virtualidad, ya que al no poder modificar el recurso situaciones creadas, su interés por la “Justicia” puede ser escaso.

Una vez visto a grandes rasgos este recurso cabe concluir, por tanto, que en relación a la antigua casación por quebrantamiento de forma o por infracción de normas procesales, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que salga a partir de la entrada en vigor de estos artículos será vinculante por disposición expresa de la ley. Lo cual modifica los esquemas creados en relación al problema de la vinculatoriedad de la Jurisprudencia en relación a los Tribunales inferiores al Supremo. En relación a estos motivos, de carácter procesal, la Jurisprudencia será vinculante[18].

De lo dicho, podemos desprender que antes de la Ley Nº 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, la vinculatoriedad de las sentencias del Tribunal Supremo Español no estaba del todo clara, por ello, es que la doctrina se dividió en dos posiciones contradictorias; sin embargo, con la dación de la citada ley, la cuestión ha quedado dilucidada, ya que si bien no se les asigna el carácter vinculatorio a las sentencias del Tribunal Supremo Español (salvo a las que versan sobre el recurso de “interés de la ley”), estas constituyen doctrina jurisprudencial, por lo que las instancias deben tomarlas en consideración, ya que de no hacerlo procederá el recurso de casación.

 

MODELO CHILENO: “LA CASACIÓN SIN REENVIO”

El articulo 3 del Código Civil Chileno dispone que: “solo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio… las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren“.

Es decir, solo el legislador puede interpretar de modo obligatorio el derecho civil chileno, de lo que se deduce de que nadie más puede hacerlo, incluidos los tribunales. Así pues, una interpretación del derecho efectuada por los tribunales no puede tener fuerza obligatoria por prohibirlo el precepto en comento, de manera explicita; esto se debe a la época en que se dictó, en la cual existía un exacerbado culto a la ley, se unía a una visión rígida de separación de los Poderes del Estado[19].

Esto nos lleva a establecer que, aparentemente, en Chile no hay mecanismos para que se puedan corregir las distintas interpretaciones que hace la jurisprudencia. Al punto, incluso, que un Tribunal de Justicia chileno puede cambiar de criterio sin ninguna justificación y por eso es que se presentan fenómenos como: la jurisprudencia contradictoria, cambios inmotivados, decisiones sin fundamentación que producen, a la larga, un mal afectando la certeza y la seguridad jurídica, etc.

Sin embargo, el recurso de Casación Chileno estableció como mecanismo uno que sin ser tan radical como el francés llega al mismo resultado:

– En primer lugar, existe una casación sin reenvío, la que permitió que la propia Corte Suprema, cuando anulara el fallo, dictara la sentencia de reemplazo y eso evita problemas que sucedía en otros países de volver a ver el tema de casación.

– En segundo lugar, se suma el funcionamiento de la Corte Suprema, en pleno para conocer el recurso de casación. Por eso es que uno ve la jurisprudencia desde 1903 en adelante con una cierta coherencia al sistema. Sin embargo, la Corte, por exceso de trabajo, colapsó y comenzaron una seria de reformas hasta que en el año 1937 se quiebra el sistema y comienza, gradualmente, a dividirse el funcionamiento por salas según el recurso[20].

Recién con la reforma del año 1995, que introduce el artículo 780[21] del Código de Procedimiento Civil Chileno, por el cual, la Corte Suprema de Chile resolverá la causa mediante audiencia en pleno, cuando se establezca que existe jurisprudencia contradictoria y sea solicitado por una de las partes del proceso.

De lo dicho podemos desprender que si bien no se ha reconocido la vinculatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile, ello no hace falta, por cuanto el recurso de Casación permite que la Corte se pronuncie sobre el fondo y que emita una nueva sentencia, sin que sea necesario el que se remita lo actuado al inferior, por lo que, de todas maneras, la Corte Suprema de Chile siempre hará valer su interpretación sobre la de los jueces inferiores.

Asimismo, teniendo en consideración que ya no se revisan los recursos de Casación Civil en audiencia del Pleno, sólo cuando existan interpretaciones contradictorias y siempre que la parte así lo solicite, la Corte puede reunirse y establecer un criterio uniforme para la interpretación de una determinada norma.

 

EL MODELO PERUANO: “EL PRECEDENTE VINCULANTE”

La innovación más importante del Código Procesal Civil, fue la implantación del recurso de Casación, recurso que generó gran expectativa ya que se decía que pretende cumplir una función pedagógica, consistente en enseñar a la judicatura nacional en general, cual debe ser la aplicación correcta de la norma jurídica; otro fin del recurso es lograr la uniformidad de la jurisprudencia nacional. Así la uniformidad de la jurisprudencia permitirá que no se inicien procesos que de antemano se advierte no van a tener acogida en los órganos jurisdiccionales. Si mientras se sigue un proceso se expide una decisión casatoria en otro con elementos idénticos, se podrá alegar a favor en esta – y con considerable contundencia- el criterio de la Corte de Casación”[22]

Por ello, el Código Procesal Civil, en su artículo 400[23], ha establecido el sistema peruano para que una sentencia casatoria adquiera la calidad de precedente vinculante, en el cual le corresponde a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia establecer doctrina jurisprudencial, en estos dos supuestos: a) cuando una Sala lo solicite, en atención a la decisión a tomar en un caso concreto, y b) cuando se conozca que otra Sala está interpretando o aplicando una norma en un sentido determinado (obligatoriamente). La decisión que se adopte vincula a todos los jueces inferiores 

Sin embargo, este recurso extraordinario de casación no ha cubierto las expectativas que generó su entrada en vigencia, toda vez que la carga procesal no ha disminuido respecto del sistema anterior y la predictibilidad de las decisiones de los órganos jurisdiccionales no es una de sus características (ya que hasta el momento no se ha efectuado ningún pleno casatorio y recién el 18 de diciembre del 2007, se ha programado el primer pleno casatorio que sólo estará referido a un caso en particular).  Esta situación tiene especial impacto negativo en los ámbitos social y económico de  nuestra sociedad, por lo que no es casualidad el descontento que podemos hallar en la población, especialmente entre los abogados y los justiciables[24].

 

CONCLUSIÓN

PRIMERA: En el modelo italiano no se pueden fijar precedentes vinculantes, por cuanto no existe jerarquía en los cargos desempeñados, lo único que existe es distintas funciones (de emisión de sentencias y de revisión de las mismas), esto ha traído como consecuencia un sistema de jurisprudencia incoherente y poco uniforme.

SEGUNDA: El modelo español busca respetar la independencia judicial al no imponer precedentes vinculantes, salvo en el caso del recurso de interés de la ley, sin embargo, al establecer que cuando se resuelve en contra de la doctrina jurisprudencial fijada por el Tribunal Supremo, lo que en buena cuenta está haciendo es establecer un precedente que sin ser vinculante, se aplicará de todas maneras, aumentando irracionalmente el tiempo de los procesos y la carga procesal del Tribunal Supremo.

TERCERA: El modelo chileno de casación sin reenvío, también busca proteger la independencia judicial, sin embargo, al igual que el modelo español, aumenta la carga procesal de la Corte Suprema e incrementa el plazo de duración de los procesos judiciales.

CUARTA: El modelo del precedente civil peruano, es un modelo autoritario y antidemocrático, por cuanto no permite la participación de los jueces de grado inferior, siendo los Vocales Supremos los únicos capaces de escoger los problemas que será materia de un pleno casatorio y la interpretación que vinculará a los demás jueces.

 

 


[1] GASCÓN ABELLAN, Marina. La Técnica del Precedente y la Argumentación Racional. Editorial Tecnos S.A., Madrid – España. 1993. Pág. 17.

[2] GASCÓN ABELLAN, Marina. Ibidem. Pág. 16-17.

[3] TRADUCCIÓN LIBRE DEL TEXTO ORIGINAL: « La corte suprema di cassazione assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge” (En: http://it.wikipedia.org/wiki/Corte_di_Cassazione (consultada por última vez el 03 de diciembre del 2007).

[4] En: http://it.wikipedia.org/wiki/Corte_di_Cassazione (consultada por última vez el 03 de diciembre del 2007).

[5] En: http://www.unesco.org/issj/rics152/guarnierispa.htm (consultada por última vez el 03 de diciembre del 2007).

[6] En: http://ec.europa.eu/civiljustice/org_justice/org_justice_ita_es.htm (consultada por última vez el 03 de diciembre del 2007).

[7] En: http://ec.europa.eu/civiljustice/org_justice/org_justice_ita_es.htm (consultada por última vez el 03 de diciembre del 2007).

[8] En: http://www.unesco.org/issj/rics152/guarnierispa.htm (consultada por última vez el 03 de diciembre del 2007).

[9] LUDEÑA BENÍTEZ, Óscar Daniel. “El valor vinculante de la jurisprudencia antes y después de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil”. En: http://noticias.juridicas.com/articulos/60-Derecho%20Procesal%20Civil/200201-75572901022280.html (consultada por última vez el 4 de diciembre del 2007)

[10] Artículo 117

1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.

3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.

5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.

6. Se prohíben los Tribunales de excepción.

[11] LUDEÑA BENÍTEZ, Óscar Daniel. Ibidem.

[12] Artículo 477. Motivo del recurso de casación y resoluciones recurribles en casación.

1. El recurso de casación habrá de fundarse, como motivo único, en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso…

[13] Artículo 477. Motivo del recurso de casación y resoluciones recurribles en casación.

(…) 2. Serán recurribles en casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, en los siguientes casos:

1.º Cuando se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el artículo 24 de la Constitución.

2.º Cuando la cuantía del asunto excediere de 150000 euros.

3.º Cuando la resolución del recurso presente interés casacional.

[14] Es recurrible una sentencia de la Audiencia Provincial es “cuando la resolución del recurso presente interés casacional”.

[15] Artículo 477. Motivo del recurso de casación y resoluciones recurribles en casación.

 (…) Se considerará que un recurso presenta interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelva puntos o cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales o apliquen normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

[16]  Artículo 493. Sentencia.

La sentencia que se dicte en los recursos en interés de la ley respetará, en todo caso, las situaciones jurídicas particulares derivadas de las sentencias alegadas y, cuando fuere estimatoria, fijará en el fallo la doctrina jurisprudencial.

En este caso, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y, a partir de su inserción en él, complementará el ordenamiento jurídico, vinculando en tal concepto a todos los Jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil diferentes al Tribunal Supremo.

[17] Artículo 24

1. Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia al letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

[18] LUDEÑA BENÍTEZ, Óscar Daniel. “El valor vinculante de la jurisprudencia antes y después de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil”. En: http://noticias.juridicas.com/articulos/60-Derecho%20Procesal%20Civil/200201-75572901022280.html (consultada por última vez el 4 de diciembre del 2007)

[19] HEISE BURGOS, Gustavo. “Reflexiones en torno a la Jurisprudencia y el precedente judicial en la cultura jurídica chilena”. En:  http://www.jornadasderechopublico.ucv.cl/ponencias/Reflexiones%20en%20torno%20a%20la%20Jurisprudencia%20y%20el%20precedente%20judicial%20en%20la%20cultura%20juridica%20chilena.pdf (consultada por última vez el 12 de diciembre del 2007)

[20] ROMERO SEGUEL, Alejandro. “Hoy existe jurisprudencia para todos los gustos”. En: http://www.lexisnexis.cl/lasemanajuridica/1335/fo-article-30006.pdf (consultada por última vez el 11 de diciembre del 2007)

[21] Art. 780. Interpuesto el recurso de casación en el fondo, cualquiera de las partes podrá solicitar, dentro del plazo para hacerse parte en el tribunal ad quem, que el recurso sea conocido y resuelto por el pleno del tribunal. La petición sólo podrá fundarse en el hecho que la Corte Suprema, en fallos diversos, ha sostenido distintas interpretaciones sobre la materia de derecho objeto del recurso.

[22] MONROY GALVEZ, Juan. En  sección Economía y Derecho del Diario Oficial “El Peruano”, 10 de Setiembre de 1993, Pág. B-14.

[23] Artículo  400º.- Doctrina jurisprudencial.-

Cuando una de las Salas lo solicite, en atención a la naturaleza de la decisión a tomar en un caso concreto, se reunirán los vocales en Sala Plena para discutirlo y resolverlo.

La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al Pleno constituye doctrina jurisprudencial y vincula a los órganos jurisdiccionales del Estado, hasta que sea modificada por otro pleno casatorio.

Si los Abogados hubieran informado oralmente a la vista de la causa, serán citados para el pleno casatorio.

El pleno casatorio será obligatorio cuando se conozca que otra Sala está interpretando o aplicando una norma en un sentido determinado.

El texto íntegro de todas las sentencias casatorias y las resoluciones que declaran improcedente el recurso, se publican obligatoriamente en el diario oficial, aunque no establezcan doctrina jurisprudencial. La publicación se hace dentro de los sesenta días de expedidas, bajo responsabilidad.

[24] GALLARDO NEYRA, María del Carmen y FERNÁNDEZ PAREDES, Jorge A. E. “Estudio sobre el recurso de casación en el Proceso Civil, a once años de su entrada en vigencia”. En: http://www.pj.gob.pe/docinteres/2005/otros/3CASACION.doc (consultada por última vez el 12 de diciembre del 2007)

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